*Dice la legisladora que, “tenemos que demostrar si somos capaces de ejercer un contrapeso constitucional y exigir responsabilidades a quien encabezó el gobierno”

Desde la tribuna del Congreso del Estado, la diputada Paola Gárate Valenzuela, exigió dar curso legal inmediato a la solicitud de juicio político contra Rubén Rocha Moya, y señaló que su separación del cargo no elimina las responsabilidades constitucionales ni los señalamientos sobre las decisiones y actuaciones de su administración.

“Lo digo desde esta tribuna: el gobernador con doble licencia fue y sigue siendo el mayor corruptor de las instituciones de gobierno en Sinaloa”.

Al reiterar su exigencia ante el Pleno, la legisladora sostuvo que el Poder Legislativo no puede permanecer al margen de la crisis que enfrenta Sinaloa ni permitir que el paso del tiempo se convierta en un mecanismo para evadir responsabilidades. “La pasividad ya no es una opción para este Poder Legislativo”

Gárate Valenzuela señaló que el juicio político debe examinarse desde las atribuciones constitucionales del Congreso, independientemente de que Rocha Moya haya solicitado licencia, pues consideró que dejar el ejercicio del cargo no significa que desaparezcan las responsabilidades políticas por las decisiones tomadas durante su gobierno.

“Compañeras y compañeros diputados: demos curso legal inmediato a esta solicitud. Que cada integrante de este congreso asuma públicamente su responsabilidad y la sostenga con su voto, Sinaloa no puede seguir esperando respuestas, el Congreso debe demostrar, con sus decisiones, que está dispuesto a ejercer sus atribuciones constitucionales y exigir cuentas a quien encabezó el gobierno estatal”.

Reiteró que la gravedad de los señalamientos amerita que el procedimiento de juicio político llegue hasta sus últimas consecuencias y planteó la inhabilitación de Rocha Moya como una de las consecuencias que deben examinarse conforme a la ley.

La diputada sustentó sus señalamientos en diversos indicadores y cuestionamientos sobre el desempeño de la administración estatal. Citó la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental 2025 del INEGI, según la cual el 88.6 por ciento de la población adulta de Sinaloa considera frecuentes o muy frecuentes los actos de corrupción en la entidad.

Asimismo, hizo referencia a los señalamientos de autoridades estadounidenses sobre presuntos vínculos entre Rocha Moya, funcionarios de su administración y estructuras delictivas, y cuestionó la falta de respuestas ante una crisis de inseguridad que ha afectado la tranquilidad y las condiciones de vida de las familias sinaloenses.

En materia de recursos públicos, demandó esclarecer los contratos concentrados en empresas vinculadas con personas relacionadas con la familia gobernante, las presuntas simulaciones de competencia y las operaciones financieras bajo cuestionamiento.

Particularmente, pidió revisar las contrataciones del Sistema DIF, al considerar que deben investigarse a fondo los señalamientos sobre el contrato superior a 356 millones de pesos otorgado a una empresa señalada como fantasma, así como las condiciones en que se acreditó su capacidad para prestar los servicios contratados.

“Cada peso comprometido tenía un destino social que estamos obligados a defender”, sostuvo, al advertir que las instituciones de asistencia social no pueden convertirse en espacios para favorecer intereses particulares y preguntó: ¿a quién sirvió el poder mientras las familias sinaloenses quedaban en la indefensión?

La legisladora también puso sobre la mesa las consecuencias económicas de la crisis de inseguridad. Refirió que entre marzo de 2023 y marzo de 2026 Sinaloa perdió más de 24 mil empleos formales, situación que, afirmó, refleja el impacto que la violencia y la incertidumbre tienen sobre las actividades productivas y el sustento de miles de hogares.

A estos cuestionamientos agregó su rechazo a la denominada “Ley Tapadera”, al considerar que restringir el acceso a información pública en medio de los señalamientos sobre contratos y recursos gubernamentales representaría un retroceso para la transparencia y la rendición de cuentas.

“Sinaloa ya ha pagado demasiado por las fallas de su gobierno. Este Congreso debe responder y llevar el juicio político hasta sus últimas consecuencias”.