*Será citado por un Juez de Control para continuar con las etapas del procedimiento, está acusado de desempeño irregular de la función pública y ejercicio indebido del servicio público

Gerardo Vargas Landeros, continuará con el proceso penal en su contra, al confirmar Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Segundo Circuito su vinculación a proceso y será citado próximamente por un Juez de Control para continuar con las etapas del procedimiento, está acusado de desempeño irregular de la función pública y ejercicio indebido del servicio público.

Según la información pública emitida por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Decimo Segundo Circuito, se resolviera amparo en revisión 131/2026, que confirma la vinculación a proceso penal.

De acuerdo a la información obtenida, Vargas Landeros, deberá enfrentar el procedimiento ante un Juez de Control, como es la audiencia intermedia y después, la audiencia de juicio.

Como se recordará Vargas Landeros, siendo alcalde de Ahome, fue acusado por los delitos de desempeño irregular de la función pública y ejercicio indebido del servicio público, siendo desaforado por el Congreso del Estado.

La Fiscalía Anticorrupción sostiene que Gerardo Vargas, contrató patrullas para la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, un costo superior al de mercado, lo que habría ocasionado un daño al erario municipal.

Vargas Landeros fue vinculado a proceso y promovió un juicio de amparo para intentar revertir esa determinación, pero el Tribunal Colegiado confirmó la legalidad de la resolución del Juez de Control, por lo que el proceso penal seguirá su curso hasta la etapa de juicio, donde se determinará si existe o no responsabilidad penal.

Dicho contrato de arrendamiento fue por la cantidad de 171 millones 451 mil 932 pesos, que el Ayuntamiento celebró mediante adjudicación directa, sin pasar por el procedimiento obligatorio de licitación pública, por lo que la Fiscalía Anticorrupción acusó al entonces alcalde de las presuntas irregularidades por omisión en el proceso de licitación pública, presunto sobreprecio, hasta tres veces mayor que el valor comercial, falta de evidencia documental y física de las unidades arrendadas, observaciones que no fueron solventadas ante la Auditoría Superior del Estado (ASE).