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Esta administración lleva un manejo responsable y eficiente del erario público: Dra. María Guadalupe Ramírez

*Aseguró que el gobierno de Rocha Moya se consolida como uno de los más transparentes y de resultados

La Dra. María Guadalupe Ramírez Zepeda,  Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas destaca en comparecencia de la Glosa del Segundo Informe del Gobernador Rubén Rocha Moya, como una de las más consolidades y con un manejo responsable y eficiente del erario público.

En Sinaloa el uso y destino de los recursos públicos se da con orden, legalidad y estricto sentido social para consolidar un gobierno con finanzas sanas transparente y de resultados, de acuerdo a los informes presentados por los entes fiscalizadores, sostuvo la Secretaria de Transparencia y Rendición de Cuentas.

Indicó que las auditorías practicadas al uso y destino de los recursos públicos de orden federal y estatal, en las que la Auditoría Superior de la Federación (ASF), la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Secretaría de la Función Pública (SFP), han confirmado el manejo responsable y eficiente del erario.

Al comparecer ante la LXIV Legislatura como parte de la Glosa del Segundo Informe de Gobierno del Gobernador Rubén Rocha Moya, precisó que con respecto a la ASF, de 22 auditorías, de las cuales hay resultados de 12 y pendientes 10; en 9 no hubo observaciones y en las 3 restantes, se observó un monto de apenas el 0.29% de un universo de $10,864,663,062.36.

Por su parte, la SFP detalló, determinó CERO pesos observados a las auditorías a los programas federales: Atención a la Salud y Medicamentos Gratuitos para las Personas Sin Seguridad Social Laboral y Subsidios para Organismos Descentralizados Estatales/Educación Media Superior, con un universo de $1,641,873,627.46, logrando una disminución del 100% en observaciones respecto a la cuenta pública 2021.

La ASE, dijo, observó la cantidad de $82,805,413.84 pesos, de los cuales se solventaron $72,811,453.39 pesos quedando $9,993,960.45 pesos, que están pendientes por solventar, que representa el 0.05% respecto a la muestra auditada, de los cuales los entes públicos se encuentran en términos de solventación y se está trabajando con los mismos para la aclaración y comprobación correspondiente.

Subrayó que ello confirma que los esfuerzos realizados están rindiendo resultados positivos al disminuir el monto observado al Ejecutivo Estatal, pasando del 0.12% en la Cuenta Pública 2021 al 0.01% en la Cuenta pública 2022.

Ramírez Zepeda destacó que se permanece firme en el compromiso de fortalecer el control interno y la vigilancia en la ejecución de la obra pública, por lo que en 2023 se mantuvo la acreditación de 5 pruebas de concreto y se encuentran en proceso de acreditación 8 pruebas en geotecnia, con la finalidad de seguir garantizando la competencia técnica y confiabilidad de las pruebas que realiza el Laboratorio Estatal de Obra Pública.

Indicó, se realizaron 356 visitas de inspección en tiempo real a obras públicas del estado y se llevaron a cabo 196 pruebas de laboratorio para verificar que se estén ejecutando con la calidad contratada.

En el ámbito de las responsabilidades, durante el año que se informa ingresaron 163 quejas y/o denuncias y se concluyeron un total de 336 expedientes de investigación.

Se iniciaron 12 Informes de Presunta Responsabilidad Administrativa en contra de Servidores Públicos, 11 de ellos por falta administrativa no grave por incumplimiento de funciones y 1 por falta administrativa grave por enriquecimiento oculto.

Se aplicaron 5 sanciones administrativas, en 2 de ellas se impusieron multas por $865,980.00 y $215,088.00. Además se concretó la labor de esta Secretaría, a través de la sanción impuesta por el Tribunal de Justicia Administrativa, en donde a un ex servidor público se le aplicó la sanción de inhabilitación por 10 años y se le condenó al pago de la indemnización por daños causados a la hacienda pública del estado por $12,704,440.16.

Ciudadanos a través de la figura de testigo social, vigilaron la aplicación de 2,246 millones de pesos destinados a obra pública estatal al participar en 126 licitaciones, cumpliendo con el compromiso de promover el uso correcto de los recursos e impedir vicios y malas prácticas durante el desarrollo de contratación.

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