*Dicen que el Consejo Universitario violó la Ley Orgánica al ratificar al encargado del despacho de Rectoría; Deberían de haber nombrado a un Rector Interino

La Asociación Civitas Universidad a través de un comunicado señaló que en un hecho inédito y sin precedentes la Universidad Autónoma de Sinaloa se quedó sin una autoridad legal para cumplir con las obligaciones y funciones encomendadas al Rector.

De la misma forma la Asociación Civitas, señaló que el Consejo Universitario actuó violando la Ley Orgánica de la UAS al ratificar a Robespierre Lizárraga Otero como encargado del despacho de Rectoría lo que pone en grave riesgo el funcionamiento de esta noble institución.

En un comunicado firmado por integrantes de Civitas entre ellos los académicos el Dr. Idelfonso León Monzón, Dr. Salomé Soto León, Dr. Jorge Rubén Ibarra Martínez, Dr. Sergio Alberto Cervantes y M.C. Sergio Mario Arredondo Salas, señalan qué se viola el artículo 35 de la Ley Orgánica.

Indicaron que dicho artículo expresa a la letra que, “las faltas temporales del Rector Titular que no excedan de cuarenta días hábiles serán cubiertas por el Secretario General de la institución, las mayores a dicho término pero menores de ochenta días hábiles por un Rector Interino”.

Esto significa que el Consejo tendría que nombrar obligatoriamente un Rector Interino, no ratificar a un encargado de despacho, dado que esta ratificación implica una ausencia de facultades legales que podrían generar impugnaciones de cualquier acto jurídico signado por Lizárraga Otero, trastocando gravemente la vida institucional, expone Civitas.

“Los principios de autonomía y autogobierno no autorizan a ignorar la ley ni interpretarla a conveniencia”, señala el texto en su parte medular, agregando que el Consejo Universitario de la UAS está tomando atribuciones para las cuales no está facultado.

Entre las consecuencias de esta decisión, se detalla la imposibilidad jurídica de firmar convenios para la obtención de recursos extraordinarios, necesarios para el pago de quincenas, aguinaldos y demás prestaciones, así como la expedición de documentos académicos como título y certificados de estudio, lo cual afectará a docentes, trabajadores administrativos y principalmente al cuerpo estudiantil.

Finalmente, Civitas señala que al carecer de sustento legal, se pone en grave riesgo la vida institucional, acusando que ahora, además de alejarse del andamiaje de normas y leyes que se han construido en la sociedad, la autoridades universitarias violan su propia ley orgánica, lo cual es sumamente lamentable.

.