*La UAS como ente público se negó a cumplir su obligación de rendir cuentas y existe un señalamiento de corrupción por el presunto desvío de aproximadamente 700 millones de pesos en conjunto, aseguró

La autonomía universitaria no está amenazada por el proceso legal que se cursa y no hay persecución política, señaló el diputado Feliciano Castro Meléndrez, presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso del Estado de Sinaloa, al enfatizar que en realidad la autonomía de la UAS se viola desde adentro.

“La autoridad universitaria se ha negado al diálogo y la autonomía universitaria se viola desde el interior de la universidad por el control que existe en la institución por este grupo de ex funcionarios que generan un ambiente incluso de temor y de negar la libertad de las ideas, pues quién opina de manera diferente a ellos lo someten”, condenó.

Sostuvo que existen denuncias de trabajadores y maestros vulnerados en sus derechos. “Las plazas de tiempo completo se entregan con criterios políticos partidarios”, acusó, al enfatizar que con este tipo de acciones la autonomía de la UAS se viola desde adentro.

Categórico advirtió que la UAS como ente público se negó a cumplir su obligación de rendir cuentas y existe un señalamiento de corrupción por el presunto desvío de aproximadamente 700 millones de pesos en conjunto.

Sostuvo que fueron separados de sus cargos los funcionarios de la UAS acusados de presunta corrupción por 45 millones de pesos de compra de tortillas en periodo de pandemia.

Convocaron, apuntó, a una marcha manipulada para una supuesta defensa de la autonomía universitaria, cuando en realidad es una responsabilidad individual de un grupo de exfuncionarios que tienen que responder ante un proceso penal.

“La comunidad universitaria, formada por estudiantes, maestros, investigadores y trabajadores es una dimensión, y otra distinta son los integrantes del Comité de Compras ahora ex funcionarios sometidos a un proceso penal por una presunta responsabilidad de corrupción”, comentó.

Lamentó que el proceso se ha prolongado porque los acusados han utilizado una serie de artimañas, como cuando uno de ellos se declaró enfermo para no ir ante el juez y luego el ex rector despidió a su defensa, nombró nuevos abogados y pidió tiempo para que conocieran el expediente.

Sostuvo que el Código Nacional de Procedimientos Penales establece que cuando un servidor público es acusado de un delito procede la medida cautelar de la separación del cargo para efecto de atender el proceso penal, así que el procedimiento fue conforme al marco legal vigente.

“No tenemos nada en contra de la institución, de los universitarios, y nosotros seguiremos asumiendo una posición de respaldo de apoyo a la Universidad Autónoma de Sinaloa, pero invariablemente estaremos reivindicando la obligación de la autoridad universitaria de rendir cuentas y el Estado de Derecho”, subrayó.

En otro orden de ideas precisó que los valores catastrales son la base que alimenta la definición en el Impuesto Predial y anticipó que se estudiarán los planteamientos de los Ayuntamientos para hacer ajustes a partir de la inflación que oscila por debajo del cuatro por ciento.

Precisó que se realizará una estratificación para hacer las consideraciones según la ubicación, puesto que no es lo mismo una colonia popular que un fraccionamiento privado.

“De las colonias, de los predios, etcétera, categóricamente no hay un incremento en el Impuesto Predial”, señaló, al advertir las consideraciones que se harán respecto a este tema en los 20 municipios en 2024.

Otros temas por atender próximamente será la reunión de trabajo de la Sexagésima Cuarta Legislatura con el gobernador Rubén Rocha Moya y la Glosa con las y los titulares de las Secretarías derivada del Segundo Informe de Gobierno, y la aprobación del presupuesto estatal para 2024.